Lo escuchamos en los carros públicos, en los colmados y en las redes sociales. Pero ¿realmente sabemos qué es este impuesto, quién lo paga y para qué sirve?
Hay conversaciones que retratan el estado de ánimo de un país.
En los últimos días, el impuesto a las transacciones bancarias se ha convertido en uno de esos temas. Se comenta en los carros públicos, en las filas de los bancos, en las oficinas y hasta en las reuniones familiares.
Todos hablan del impuesto.
Pero cuando uno pregunta exactamente de qué se trata, las respuestas son muy distintas.
Fue entonces cuando recordé una frase muy dominicana.
En este caso pareciera que el tradicional «Ave María, Madre de Dios» se ha transformado en «Ave María, Madre de Dios, ten misericordia de nosotros».
No porque el impuesto sea nuevo.
Sino porque cada vez que la palabra impuesto aparece en el debate público, muchos dominicanos sienten que su bolsillo volverá a ser el más afectado.
Un impuesto que no nació ayer
Lo primero que debemos saber es que este impuesto no fue creado recientemente.
En la República Dominicana existe un gravamen del 0.15 %, equivalente a RD$1.50 por cada RD$1,000, aplicado a determinadas operaciones bancarias, como algunos cheques y transferencias electrónicas.
No todas las operaciones pagan este impuesto. La legislación contempla excepciones y operaciones exentas.
Su base legal está contenida en el artículo 382 del Código Tributario (Ley 11-92) y es administrado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Entonces, ¿por qué vuelve al debate?
Porque la memoria de la discusión sobre la reforma fiscal sigue presente.
Cuando una familia lucha cada mes para cubrir sus gastos, cualquier conversación sobre impuestos genera incertidumbre.
Es una reacción natural.
La gente quiere saber si pagará más y, sobre todo, para qué servirá ese dinero.
La historia deja lecciones
Los impuestos siempre han provocado debates.
Uno de los casos más conocidos ocurrió en el siglo XVIII, cuando Inglaterra impuso impuestos al té en las colonias americanas.
Aquella decisión alimentó un profundo descontento que terminó formando parte del proceso que condujo a la independencia de los Estados Unidos.
No son situaciones comparables.
Pero la historia recuerda una verdad que sigue vigente: cuando la ciudadanía siente que no entiende por qué paga o no percibe los beneficios de lo que aporta, aumenta el malestar.
La pregunta que aún espera respuesta
El verdadero debate quizá no sea si existe o no este impuesto.
La pregunta es otra.
¿Cuánto dinero recauda el Estado cada año por este gravamen?
Y una segunda pregunta resulta igual de importante.
¿En qué se invierten esos recursos?
Son respuestas que la ciudadanía merece conocer.
La transparencia fortalece la confianza.
El silencio alimenta las dudas.
Más información, menos rumores
Todo Estado necesita recaudar impuestos para financiar los servicios públicos.
Eso no está en discusión.
Lo que la población espera es que exista claridad sobre el destino de esos recursos y que los resultados sean visibles en mejores hospitales, escuelas, carreteras, seguridad y servicios públicos.
Cuando las instituciones explican con transparencia, disminuyen los rumores.
Cuando la información falta, crecen las especulaciones.
Por eso este tema merece discutirse con datos, no con miedo.
Y quizá esa sea la mayor enseñanza de este debate: una ciudadanía bien informada siempre toma mejores decisiones que una ciudadanía que solo escucha rumores.