Una reunión con el equipo de jóvenes del Observatorio y la pregunta de un lector nos llevaron a revisar la Ley 137-03. Lo que encontramos abrió una investigación que apenas comienza.
Las investigaciones más importantes no siempre nacen de un expediente judicial. A veces comienzan con una pregunta. Esta vez, la hizo uno de nuestros lectores.
Observatorio Fundación RATT Dominicana
Hace unos días, durante una reunión de trabajo con el equipo de jóvenes del Observatorio Fundación RATT Dominicana, les propuse un ejercicio diferente. No se trataba de analizar un caso de trata de personas ni de revisar una sentencia judicial. El reto era aprender a investigar utilizando técnicas de fuentes abiertas (OSINT), pero con una herramienta que muchas veces pasa desapercibida: la propia ley.
Cada joven tomó un ejemplar de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. La tarea era sencilla: leerla con detenimiento, identificar sus disposiciones y preguntarse cómo se aplican en la práctica.
Mientras avanzábamos entre los artículos, la conversación transcurría con normalidad. Hasta que llegamos a uno que cambió el rumbo de la reunión.
Todo comenzó con una pregunta que, curiosamente, ya nos había hecho un lector días antes.
—¿Qué pasa con el dinero de las multas que pagan los condenados por trata de personas?
La pregunta quedó sobre la mesa. Volvimos a leer el texto una vez más.
El párrafo II del artículo 11 de la Ley 137-03 establece que el producto de las multas impuestas por el delito de trata de personas debe destinarse a indemnizar a las víctimas por los daños físicos, morales, psicológicos y materiales, además de apoyar los planes, programas y proyectos previstos en esa legislación.
Hasta ahí, la intención del legislador parece clara.
Pero mientras continuábamos leyendo, surgió otra inquietud.
La ley dice para qué debe utilizarse ese dinero, pero no explica quién administra esos recursos, cuál institución los entrega a las víctimas ni cuál es el procedimiento para garantizar que esa indemnización llegue realmente a quienes sufrieron este delito.
Durante varios minutos nadie habló. No porque hubiéramos encontrado una respuesta, sino porque descubrimos que todavía había preguntas por hacer.
Decidimos revisar nuevamente la legislación y consultar las modificaciones realizadas con el paso de los años. Sin embargo, durante ese análisis no encontramos una disposición que desarrollara un mecanismo específico para administrar esos fondos o establecer el procedimiento para hacer efectiva esa reparación económica.
Eso no significa que el dinero no se administre correctamente ni que las víctimas no reciban la indemnización que reconoce la ley. Significa, simplemente, que la propia legislación no responde de forma expresa esas interrogantes y que vale la pena conocer cómo se aplica ese mandato en la práctica.
Como Observatorio creemos que investigar también consiste en formular preguntas responsables.
Por eso, hoy compartimos con nuestros lectores las mismas preguntas que surgieron en aquella mesa de trabajo.
¿Cuántas sentencias por trata de personas han impuesto multas en la República Dominicana?
¿Cuánto dinero se ha recaudado por ese concepto desde la entrada en vigor de la Ley 137-03?
¿Qué institución administra esos recursos?
¿Existe un fondo destinado a indemnizar a las víctimas?
¿Cuántas personas afectadas por este delito han recibido una reparación económica proveniente de esas multas?
Estas preguntas no buscan señalar culpables ni construir conclusiones anticipadas. Buscan algo mucho más sencillo: comprender cómo funciona una disposición legal que reconoce un derecho para las víctimas.
Por esa razón, el Observatorio Fundación RATT Dominicana iniciará una nueva línea de investigación periodística. Solicitaremos información a las instituciones competentes para conocer cómo se aplica esta disposición de la Ley 137-03 y compartir con la ciudadanía respuestas sustentadas en documentos oficiales.
Porque el periodismo de investigación no siempre comienza con una denuncia. En ocasiones, empieza exactamente como ocurrió aquel día: con un grupo de jóvenes leyendo una ley, un lector haciendo una pregunta y un compromiso compartido de buscar respuestas.