Por: Daniela Fariña
La desaparición de Loan Peña el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, ha sacudido a Argentina y ha puesto en evidencia una trama de trata de personas, encubrimiento estatal y corrupción en las altas esferas del poder. Aunque la versión oficial intentó instalar la teoría de un extravío, las pruebas y el desarrollo de la investigación sugieren un escenario mucho más oscuro.
Desde el inicio, el caso de Loan Peña se ha visto envuelto en irregularidades. Funcionarios públicos, abogados y hasta organizaciones que se presentaban como defensoras de los derechos humanos han sido señaladas por obstruir la investigación. Entre los nombres que resuenan en el escándalo se encuentran Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, y Diego Pellegrini, senador provincial, acusados de encubrimiento. También se menciona a Gustavo Vera y miembros de la Fundación La Alameda, quienes, lejos de aportar a la causa, habrían intervenido para desviar la atención y proteger a ciertos sectores de poder.
La justicia, en lugar de esclarecer los hechos, ha actuado como un obstáculo para la verdad. La carátula del caso fue modificada, eliminando la hipótesis de trata de personas, y pruebas clave fueron ignoradas o manipuladas. Se registraron desapariciones de documentos, contaminación de la escena del crimen y dilaciones judiciales que solo han favorecido a los responsables.
El papel del periodismo en este caso también ha sido objeto de ataques. Comunicadores que han intentado exponer la verdad han sido perseguidos, amenazados e incluso judicializados. Se ha recurrido a estrategias de silenciamiento, utilizando organismos que deberían garantizar la libertad de expresión para amedrentar a quienes denuncian la corrupción y la impunidad.
Loan Peña no es solo un niño desaparecido; su caso representa el reflejo de un país donde la corrupción y la impunidad permiten que las redes criminales operen con total libertad. La sociedad argentina sigue exigiendo respuestas y justicia, mientras el sistema intenta enterrar la verdad