Por Daniela Fariña
Me niego a olvidar, y aunque haya nuevos casos, el paradigma abierto por la búsqueda de un niño argentino, fue un quiebre histórico que puso a la trata de personas en tela de juicio. Loan no está, lo seguimos buscando, tras la estela de su nombre hecho conocimiento. En él, ante los ojos de la humanidad, vimos la peor de nuestras caras.
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. La versión oficial intentó instalar la narrativa del extravío, pero las pruebas hablan de otra cosa: trata de personas, complicidad estatal y redes criminales operando en la impunidad. La opinión pública clamaba por los derechos de las infancias.
La investigación gozó de un recorrido dual, comenzando como una cruzada por la verdad, que se transformó en un entramado de encubrimiento y silenciamiento. No se trata solo de los imputados directos en la desaparición de Loan, sino de una maquinaria bien aceitada que opera desde las altas esferas del poder. Funcionarios y funcionarias públicas y abogados han movido sus piezas en un ajedrez de mentiras y dilaciones para evitar que la verdad salga a la luz.
A los manotazos de ahogado, el crimen organizado fue tan desprolijo que nos dejó perplejos, sirviendo de pedagogía sobre cómo vendría la tapadera gobernante. Sobran los escalofríos en quienes siguieron el caso, al comprender la vulnerabilidad extrema que somete a toda la sociedad argentina. Las instituciones están tomadas por la corrupción a gran escala, y todos los delitos de lesa humanidad nos pisan los talones.
En ese proceso, además, mientras aumentaban las creatividades volcadas a las presiones mediáticas y políticas, la comunidad se organizó en un reclamo que revivía aquellas voces de 2019, donde la valentía de Natasha Jaitt develaba la trama de la pedofilia en nuestro país, demostrando su vinculación con el poder mediático, empresarial, eclesiástico, deportivo y, por supuesto, político.
El cerco de la impunidad
Los nombres resuenan como un eco ensordecedor de corrupción. Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, y Diego Pellegrini, senador provincial, aparecen entre los acusados de encubrimiento. Exministros y jefes policiales también están en la mira. Lo mismo ocurre con abogados que, lejos de buscar justicia, parecen haber jugado un papel en la obstrucción. Entre otros, Gustavo Vera y miembros de la Fundación La Alameda han sido imputados por entorpecer la investigación, con pruebas de su intención maliciosa, cuando fueron quienes tenían a su cargo el monopolio de la lucha contra la trata durante los últimos 20 años.
La aparición de una fundación que estafó a la gente robando sumas millonarias. La presencia de abogados mediáticos que ya habían sido señalados por tapar este tipo de casos, es algo que supera una ficción hollywoodense.
Las conexiones con el crimen organizado también están sobre la mesa. Se menciona al Clan López y al Primer Comando de la Capital (PCC), un cártel brasilero con ramificaciones en el narcotráfico y la trata de personas. La desaparición de Loan no es un hecho aislado, sino una muestra de cómo estas redes operan con la complicidad del Estado.
La justicia como obstáculo
Cuando las pistas comenzaron a apuntar hacia una trama de trata de personas, la investigación sufrió un giro que parecía prometedor: la causa pasó al fuero federal y se reformuló la imputación. Sin embargo, la burocracia judicial se convirtió en un escudo protector para los responsables. Se eliminó la carátula de trata, y todo comenzó a convertirse en un ajedrez informativo.
Pruebas clave fueron ignoradas o manipuladas. Se interceptaron comunicaciones sospechosas, pero los resultados fueron diluidos en tecnicismos. La activación tardía del Alerta Sofía, la muerte dudosa de un abogado vinculado al caso, la desaparición de pruebas y la contaminación intencional de la escena del crimen son solo algunas de las maniobras que muestran cómo el sistema trabaja para encubrir a los poderosos. El después vino cargado de infiltraciones, represión y persecución a quienes habían deseado justicia, incluyendo activistas de derechos humanos.
El periodismo bajo ataque
Intentar revelar la verdad sobre Loan tiene un precio. Periodistas que han cubierto el caso han sido perseguidos, difamados y hasta judicializados. La estrategia es clara: dividir, intimidar y desmoralizar al campo periodístico. Desde la difusión de falsas pistas hasta la presión sobre familiares de Loan para controlar su discurso, el objetivo es silenciar cualquier versión que desafíe la narrativa oficial.