El Mirex enfrenta demandas millonarias tras cancelaciones realizadas desde 2020. Uno de los casos obliga al Estado a pagar más de RD$18 millones en salarios acumulados.
Exdiplomáticos reclaman reintegros, salarios caídos e indemnizaciones tras desvinculaciones realizadas desde 2020
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana enfrenta una serie de procesos judiciales relacionados con las cancelaciones y desvinculaciones ejecutadas tras el cambio de gobierno en 2020, en medio de los intentos por reorganizar y profesionalizar el servicio diplomático.
Varios exfuncionarios acudieron a los tribunales alegando violaciones al debido proceso, despidos irregulares y reclamando pagos millonarios por salarios acumulados, prestaciones y reintegros.
Caso de diplomático podría costarle millones al Estado
Uno de los expedientes que más atención ha generado es el del diplomático Manuel Moisés Crespo Pérez.
Los tribunales fallaron a su favor luego de determinar que tenía condición de funcionario de carrera diplomática y que no podía ser separado del cargo sin cumplir el procedimiento establecido por la ley.
Las decisiones emitidas por el Tribunal Superior Administrativo (TSA), la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y posteriormente el Tribunal Constitucional obligan al Estado a reconocer derechos laborales y salarios acumulados desde el año 2020.
La suma supera los 18 millones de pesos y continúa aumentando mientras no se produzca una solución definitiva al caso.
Cancillería alega licencias médicas prolongadas
La Cancillería sostiene, sin embargo, que Crespo no prestaba servicios efectivos desde 2018 debido a licencias médicas prolongadas.
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Según la posición oficial, no existen registros posteriores que evidencien una reincorporación formal del funcionario a sus labores diplomáticas.
El caso se ha convertido en uno de los más comentados dentro de los procesos administrativos que han surgido tras los cambios ejecutados en distintas instituciones públicas luego del relevo gubernamental.
Litigios podrían seguir creciendo
Expertos en derecho administrativo consideran que este tipo de conflictos podría seguir generando demandas millonarias contra el Estado si las desvinculaciones no cumplen con los procedimientos legales establecidos.
Las reclamaciones incluyen:
salarios caídos,
reintegros,
compensaciones laborales,
y daños por supuestas violaciones de derechos adquiridos.
El tema vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre la estabilidad de los funcionarios de carrera y los límites legales de las cancelaciones dentro de la administración pública dominicana.