La madrugada del pasado 15 de mayo falleció una adolescente de apenas 14 años mientras se encontraba acogida dentro del sistema de protección de hogares de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Un hecho doloroso que ha conmocionado a muchos sectores de la sociedad, pero que lamentablemente no debería sorprendernos.
Como suele ocurrir en las instituciones públicas cuando sucede una tragedia, las primeras acciones han sido la suspensión del personal. Y aunque es importante establecer responsabilidades, también debemos reconocer una realidad incómoda: la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil.
La verdadera pregunta que debemos hacernos como sociedad es: ¿qué está pasando dentro de la Dirección de Hogares de Paso a nivel administrativo?
No estamos hablando de un caso aislado. Durante años han existido denuncias, preocupaciones y señales de alerta sobre las condiciones internas de algunos hogares de paso y sobre el nivel de respuesta institucional ante situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad.
¿Están los departamentos de Trabajo Social y Psicología realizando un trabajo articulado junto al personal responsable del cuidado directo de los NNA? ¿Se están atendiendo realmente las quejas y reportes del personal cuando notifican situaciones irregulares dentro de los hogares? ¿Conocen quienes tienen bajo su responsabilidad a estos menores su condición de salud, estado psicológico, historial social y procedencia?
Estas preguntas no pueden seguir quedando sin respuesta.
Los hogares de paso no son simples albergues temporales. Son espacios donde llegan menores marcados por el abandono, la violencia, los abusos, la negligencia y profundas heridas emocionales. Trabajar con esta población requiere preparación, supervisión constante, protocolos claros y, sobre todo, sensibilidad humana.
No basta con reaccionar después de una tragedia. Se necesita una intervención profunda y urgente del Gobierno central sobre este departamento. Hace falta una evaluación seria, transparente y objetiva del funcionamiento de los hogares de paso en el país.
Y quizás ha llegado el momento de que esa revisión no quede únicamente en manos internas. Se requieren asesores externos a la institución, especialistas independientes capaces de auditar procesos, escuchar al personal, revisar protocolos y garantizar que el sistema realmente esté cumpliendo su función de protección.
Porque cuando un niño o adolescente muere estando bajo custodia del Estado, no estamos frente a un simple fallo administrativo. Estamos frente a un fracaso colectivo del sistema de protección.
Y el país merece respuestas.