Durante los gobiernos de Leonel Fernández, el Estado dominicano transformó sus empresas públicas mediante un modelo de capitalización que aún genera debate sobre si fue privatización o reforma.
En República Dominicana, hay un tema que vuelve una y otra vez al debate político como si nunca terminara de cerrarse: qué ocurrió realmente con las empresas del Estado durante los gobiernos de Leonel Fernández.
A más de dos décadas de aquellas reformas, el propio expresidente insiste en una idea clara: “no se privatizó el patrimonio público, se capitalizó”. Pero en la memoria colectiva del país, la historia se siente más compleja que una sola palabra.
Un país que venía de empresas estatales en crisis
A finales de los años 90, el Estado dominicano cargaba con una estructura empresarial grande, pero debilitada.
Muchas compañías públicas acumulaban pérdidas, baja eficiencia y servicios irregulares.
En ese contexto, llegó la gran reforma con la Ley de Reforma de la Empresa Pública (141-97), que abrió la puerta a un cambio profundo en la forma en que el Estado participaba en la economía.
No era solo una decisión administrativa. Era una transformación de época.
El cambio: cuando el Estado dejó de ser el único jugador
Con la reforma, varias áreas estratégicas comenzaron a reorganizarse:
En el sector eléctrico, por ejemplo, la antigua CDE fue dividida en nuevas estructuras y se permitió la entrada de capital privado en generación y distribución.
En otras áreas, como ingenios azucareros y empresas estatales vinculadas a CORDE, muchas operaciones fueron cerradas, arrendadas o transferidas a manos privadas.
El argumento oficial era modernizar. El resultado práctico fue que el Estado dejó de operar directamente gran parte de estas empresas.
“Capitalización”: la palabra que cambió el debate
Leonel Fernández ha defendido que lo ocurrido no fue una privatización tradicional.
Su explicación es simple en esencia:
el Estado no vendió totalmente las empresas, sino que permitió la entrada de inversionistas privados mientras mantenía participación accionaria.
En ese modelo, el Estado seguía dentro del negocio, pero ya no solo como dueño absoluto, sino como socio.
Donde empieza el desacuerdo
Ahí es donde nace la controversia que aún hoy no se cierra.
Para sus defensores, el término “capitalización” describe correctamente el proceso: el Estado no desapareció del sistema, sino que se modernizó.
Para sus críticos, en cambio, el resultado fue otro: aunque el Estado conservara acciones en algunos casos, perdió el control real de operaciones estratégicas.
Y en la práctica cotidiana, lo que muchos ciudadanos vieron fue un Estado menos presente en la gestión directa de servicios clave.
Lo que el tiempo dejó claro
Con los años, el modelo dejó una huella visible:
El Estado dejó de ser el principal operador empresarial
Crecieron los esquemas mixtos y concesiones
Se consolidó una economía más abierta al sector privado
Y el debate sobre “privatización vs capitalización” nunca se cerró del todo
Más que una definición, una transformación
Hoy, mirar hacia atrás no es solo discutir una palabra.
Es entender que, en esa etapa, República Dominicana cambió la forma en que el Estado se relaciona con la economía. Pasó de ser dueño y operador directo, a ser socio, regulador y observador en muchos sectores.
En el fondo, la pregunta sigue viva
Quizás por eso el debate no desaparece.
Porque más que una discusión técnica, toca algo más profundo:
¿Qué tanto debe involucrarse el Estado en la economía de un país?
Y esa respuesta, todavía hoy, sigue dividiendo opiniones en República Dominicana.