El artículo 210 del nuevo Código Penal ha encendido un debate sobre los límites entre proteger el honor de las personas y garantizar la libertad de expresión en la era de las redes sociales.
La discusión sobre el nuevo Código Penal no se detiene. Mientras crecen las voces que lo califican como una «ley mordaza», decidí leer con detenimiento uno de los artículos que más preocupa a periodistas, comunicadores e influencers. Lo que encontré abre una pregunta que merece ser discutida por toda la sociedad.
Cuando escribí por primera vez sobre lo que muchos han llamado la «ley mordaza», pensé que el debate terminaría con la aprobación del nuevo Código Penal. Sin embargo, al ver a El Piro, del movimiento Somos Pueblo, convocar a una manifestación para el próximo 9 de julio, decidí volver a revisar el texto de la ley.
El artículo que más llamó mi atención fue el 210, que tipifica la injuria. Su redacción establece sanciones para expresiones ofensivas o insultantes dirigidas contra otra persona, incluso cuando no se le atribuya un hecho específico.
La primera pregunta que me hice fue sencilla: ¿cómo se aplicará esto en un país donde miles de personas opinan todos los días en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, X y otras plataformas?
Las redes sociales se han convertido en la nueva plaza pública. Allí se critica a funcionarios, se cuestionan decisiones del Gobierno, se denuncian irregularidades y, muchas veces, también se utilizan expresiones fuertes propias del debate político.
Es precisamente ahí donde surgen las preocupaciones de periodistas, abogados, comunicadores y creadores de contenido. Temen que el riesgo de enfrentar un proceso penal o incluso una pena de prisión provoque lo que se conoce como autocensura: personas que prefieren callar antes que exponerse a una investigación judicial.
No se trata únicamente de proteger el honor de las personas, un derecho reconocido por la ley. La discusión es cómo lograr ese equilibrio sin que el miedo termine afectando el derecho de los ciudadanos a opinar, denunciar e investigar asuntos de interés público.
En medio de ese debate, el movimiento Somos Pueblo presentó una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo Código Penal y convocó a una concentración para el 9 de julio, a las 3:00 de la tarde, en la Plaza de la Bandera, con el propósito de expresar su rechazo a las disposiciones que consideran lesivas para la libertad de expresión.
El Tribunal Constitucional tendrá la última palabra sobre la constitucionalidad de estas normas. Mientras tanto, el debate ya está en las calles, en los medios y, sobre todo, en las redes sociales.
Porque la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta dónde debe llegar la protección del honor y dónde comienza el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente
Eduardo Pérez Agüero es el presidente de la junta directivar de El Vocero Dominicano. En esta columna analiza temas de interés nacional relacionados con la democracia, la justicia, la libertad de expresión y el impacto de las decisiones públicas en la ciudadanía.
Eso aporta autoridad (E-E-A-T), mejora