Por: Eduardo Pérez
La modificación a la Ley 137-07 fortalece el combate contra la trata de personas, especialmente en casos que afectan a niños y adolescentes. Un avance legal necesario.
Modificación a la Ley 137-07: Un paso firme contra la trata de personas
El Congreso Nacional estudia nuevamente la modificación a la Ley 137-07, una reforma legal que busca cerrar grietas jurídicas en la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En especial, se enfoca en proteger a los más vulnerables: los niños, niñas y adolescentes.
Un cambio necesario y urgente
La iniciativa del Poder Ejecutivo, presentada el 19 de junio de 2024, es un reconocimiento claro de que la legislación actual ha sido insuficiente para enfrentar este flagelo. La trata de personas, más allá de ser un delito, representa una de las formas más crueles de violación a los derechos humanos.
¿Qué cambia en esta nueva propuesta?
La modificación a la Ley 137-07 busca precisar el alcance del artículo 3, incluyendo un lenguaje más robusto y directo sobre lo que se considera trata de personas. La gran diferencia es que ahora se deja claro que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal.
Además, se introduce un párrafo clave: cuando las víctimas son menores de edad, no será necesario probar medios como el engaño o la coerción para que el delito sea considerado trata. Esta precisión legal era urgente y evita que los culpables puedan escudarse en tecnicismos jurídicos para evadir justicia.
Avances con límites
Aunque es positivo que se fortalezca la penalización —manteniendo las condenas de 15 a 20 años de prisión y multas altas—, la reforma es parcial. Como lo expresó el canciller Roberto Álvarez, aún falta una pieza legal centrada en el tráfico ilegal de inmigrantes, un fenómeno íntimamente ligado a la trata.
Hacia una ley más completa
El presidente Abinader ha prometido un segundo proyecto de ley, lo que evidencia que la modificación a la Ley 137-03 es apenas un primer paso. Para que esta reforma sea verdaderamente eficaz, deberá estar acompañada por políticas públicas concretas y recursos suficientes para prevención, persecución y atención a las víctimas.