MP pide prisión preventiva por fraude de RD$200 millones

El Ministerio Público solicitará prisión preventiva y declaratoria de caso complejo contra implicados en un fraude superior a RD$200 millones contra una entidad financiera.

SANTO DOMINGO, RD. El Ministerio Público solicitará en las próximas horas prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra tres hombres vinculados a una estructura criminal acusada de estafar a una entidad financiera por más de RD$200 millones.

Los imputados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán fueron arrestados recientemente y serán sometidos a la justicia por su presunta participación en el fraude millonario, informó el órgano persecutor.

Con estas detenciones, suman nueve los vinculados al caso. El Ministerio Público ya había solicitado un año de prisión preventiva y la declaratoria de tramitación compleja contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes fueron arrestados durante operativos realizados en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

La investigación está siendo dirigida por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, dependencia adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la unidad especializada, expresó su confianza en que los tribunales impondrán doce meses de prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos y la magnitud del fraude investigado.

“La calificación jurídica es violación a la Ley de Alta Tecnología, lavado de activos y también estafa”, declaró Tavárez Gil al ofrecer detalles sobre el caso y la entrega de los últimos tres imputados.

Según las autoridades, la presunta red criminal operaba mediante mecanismos fraudulentos que afectaron económicamente a una entidad financiera, provocando pérdidas superiores a los RD$200 millones.

El Ministerio Público sostiene que la complejidad de la investigación requiere medidas de coerción más severas, debido a la cantidad de implicados y a los delitos atribuidos, entre ellos estafa, lavado de activos y violaciones a la legislación sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar si existen más personas involucradas en la estructura y establecer el alcance total de las operaciones fraudulentas.

El caso se encuentra actualmente en fase judicial, mientras el Ministerio Público prepara la solicitud formal de medidas de coerción contra los nuevos imputados arrestados en las últimas horas.

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