Un tribunal declaró culpable a un procesado por violaciones a la Ley 137-03 y al Código de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
El fallo judicial vuelve a colocar sobre la mesa la importancia de aplicar el marco legal dominicano frente a los delitos de tráfico ilícito de migrantes y las vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes.
El tribunal, integrado por las magistradas Salma Bonilla Acosta, presidenta; Argentina Altagracia Tejada y Luz Mariel Santos Alonzo, declaró culpable al procesado por violaciones a disposiciones de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La decisión también contempla infracciones a los artículos 12, 25, 410 y 396, letras B y C, de la Ley 136-03, que establece el sistema de protección de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.
La Ley 137-03 establece disposiciones para perseguir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, mientras que la Ley 136-03 contempla garantías fundamentales para la protección integral de niños, niñas y adolescentes.
La aplicación de ambas legislaciones requiere investigaciones responsables, pruebas suficientes y actuaciones institucionales que coloquen los derechos de las posibles víctimas en el centro de la respuesta.
La justicia y la protección de las víctimas
La declaración de culpabilidad representa una decisión judicial que debe analizarse dentro del alcance de los hechos probados y las disposiciones legales aplicadas.
Para el Observatorio Fundación RATT Dominicana, el seguimiento de estos procesos también permite examinar cómo responde el sistema de justicia ante delitos que pueden comprometer la libertad, la dignidad y la integridad de personas vulnerables.
La protección de la niñez no debe quedarse en el contenido de las leyes: requiere prevención, identificación de riesgos, atención especializada y cumplimiento efectivo de las garantías judiciales.
