La investigación sobre las amenazas contra el presidente Luis Abinader ha puesto bajo la lupa a un hombre detenido por las autoridades, mientras el Ministerio Público procura establecer si existió una planificación real para atentar contra la vida del mandatario.
De acuerdo con la información oficial, el detenido es Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, arrestado el martes 3 de noviembre de 2026 en un apartamento del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, mediante una orden judicial.
El caso se desarrolla a partir de una investigación que involucra a organismos de inteligencia y unidades especializadas, luego de que se alertara sobre presuntas intenciones de cometer un atentado contra el jefe del Estado.
Durante los operativos, las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que, según el Ministerio Público, están siendo evaluados como posibles evidencias. Hasta el momento, no se han divulgado públicamente los resultados de esos análisis ni se ha establecido qué relación concreta tendrían esos objetos con las amenazas investigadas.
La investigación cuenta con el apoyo de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según la información oficial, los organismos de inteligencia habrían detectado las presuntas intenciones del investigado y alertado sobre la situación.
Uno de los aspectos más delicados del expediente es que la solicitud judicial para realizar los allanamientos hace referencia a un presunto plan para atentar contra el presidente Abinader el 6 de noviembre de 2026, durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución en la sede del Congreso Nacional.
Ese señalamiento forma parte de la investigación presentada por el Ministerio Público. Sin embargo, debe quedar claro que se trata de una hipótesis atribuida a las autoridades y que todavía corresponde a los tribunales examinar los elementos que la sustentan.
Mientras tanto, el órgano acusador solicita tres meses de prisión preventiva contra De la Cruz Sosa, bajo cargos de terrorismo.
El caso deja preguntas que deberán ser respondidas durante el proceso: qué contienen los dispositivos ocupados, qué resultados arrojarán los análisis de las sustancias incautadas y cuáles elementos concretos sostienen la acusación de una supuesta planificación de atentado.
Por ahora, la investigación sigue su curso y la responsabilidad penal del imputado no ha sido establecida por una sentencia judicial.
