Una empresa vinculada al fundador de Blackwater aparece en las operaciones contra las bandas haitianas. Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han documentado víctimas civiles, mientras persisten preguntas sobre quién dirige estas acciones y quién responde por sus consecuencias.
Hay algo que quizás hemos pasado por alto quienes seguimos de cerca los acontecimientos de Haití. En medio de las noticias sobre pandillas, policías, militares y operaciones para recuperar territorios, desde marzo de 2025 comenzó a tomar protagonismo otro actor: los contratistas militares privados.
No estamos hablando solamente de soldados haitianos ni de los contingentes extranjeros que han llegado para apoyar la seguridad. Nos referimos a empresas privadas que aportan personal, tecnología y capacidad operativa para participar en acciones contra las organizaciones armadas.
Y aquí aparece una pregunta que merece investigación: ¿quiénes son esos contratistas, de dónde vienen, qué preparación tienen y bajo qué autoridad pueden participar en operaciones que terminan con personas muertas?
El nombre que encontramos en los documentos y reportes internacionales es Vectus Global.
Vectus Global: la empresa que aparece en las operaciones con drones
La compañía Vectus Global está vinculada al empresario estadounidense Erik Prince, fundador de Blackwater, una antigua empresa militar privada que adquirió notoriedad internacional por sus operaciones en Irak.
Prince fue integrante de los Navy SEALs de Estados Unidos y posteriormente desarrolló negocios en el sector de seguridad privada. Su trayectoria empresarial vuelve especialmente relevante conocer el papel que desempeña su nueva compañía en Haití.
De acuerdo con una investigación publicada por Reuters el 14 de agosto de 2025, Vectus Global comenzó a operar en Haití en marzo de ese año, principalmente mediante drones utilizados en coordinación con una fuerza de tarea del Gobierno haitiano.
Reuters informó que Prince habló de un acuerdo de largo plazo con las autoridades haitianas. También señaló que la empresa tenía previsto desplegar personal procedente de Estados Unidos, Europa y El Salvador, con preparación en áreas como francotiradores, inteligencia y comunicaciones.
Sin embargo, hay que distinguir entre lo que se anunció y lo que efectivamente pudo comprobarse. No existe en las fuentes públicas consultadas una nómina completa de los trabajadores desplegados, sus expedientes militares ni sus nacionalidades individuales.
¿Son militares retirados o mercenarios?
Esta es una de las preguntas más interesantes de la investigación.
Human Rights Watch identificó a Vectus Global como una empresa militar privada dirigida por Erik Prince. La organización también recogió declaraciones del propio Prince, quien dijo que la compañía contrató operadores salvadoreños para apoyar a la Policía haitiana en el uso de drones armados.
Eso permite establecer que entre el personal contratado había operadores extranjeros con funciones especializadas.
Pero no permite afirmar que todos fueran militares retirados. Tampoco demuestra que todos fueran antiguos integrantes de fuerzas especiales o que tuvieran una carrera militar previa.
¿Y son mercenarios?
La palabra se utiliza con frecuencia para describir a personas que participan en conflictos armados a cambio de dinero. Sin embargo, jurídicamente no todo contratista militar privado es automáticamente un mercenario. La clasificación depende de condiciones específicas establecidas en el derecho internacional.
Por eso, mientras no aparezcan documentos que permitan establecer la condición individual de esos operadores, lo correcto es identificarlos como contratistas privados o personal de una empresa militar privada
La diferencia no es solamente de palabras. También tiene consecuencias jurídicas y de responsabilidad.
¿Quién los contrató y quién dirige las operaciones?
De acuerdo con Human Rights Watch, Vectus Global trabaja en apoyo de una fuerza de tarea coordinada desde estructuras del Gobierno haitiano.
La organización señaló que la Oficina del Primer Ministro, la Unidad de Seguridad del Primer Ministro y la Unidad General de Seguridad del Palacio Nacional participan en la coordinación de esa estructura.
El entonces inspector general de la Policía Nacional de Haití, Vladimir Paraison, habría tenido inicialmente un papel de liderazgo en la fuerza de tarea.
¿Son militares retirados o mercenarios?
Esta es una de las preguntas más interesantes de la investigación.
Human Rights Watch identificó a Vectus Global como una empresa militar privada dirigida por Erik Prince. La organización también recogió declaraciones del propio Prince, quien dijo que la compañía contrató operadores salvadoreños para apoyar a la Policía haitiana en el uso de drones armados.
Eso permite establecer que entre el personal contratado había operadores extranjeros con funciones especializadas.
Pero no permite afirmar que todos fueran militares retirados. Tampoco demuestra que todos fueran antiguos integrantes de fuerzas especiales o que tuvieran una carrera militar previa.
¿Y son mercenarios?
La palabra se utiliza con frecuencia para describir a personas que participan en conflictos armados a cambio de dinero. Sin embargo, jurídicamente no todo contratista militar privado es automáticamente un mercenario. La clasificación depende de condiciones específicas establecidas en el derecho internacional.
Por eso, mientras no aparezcan documentos que permitan establecer la condición individual de esos operadores, lo correcto es identificarlos como contratistas privados o personal de una empresa militar privada.
La diferencia no es solamente de palabras. También tiene consecuencias jurídicas y de responsabilidad.
¿Quién los contrató y quién dirige las operaciones?
De acuerdo con Human Rights Watch, Vectus Global trabaja en apoyo de una fuerza de tarea coordinada desde estructuras del Gobierno haitiano
La organización señaló que la Oficina del Primer Ministro, la Unidad de Seguridad del Primer Ministro y la Unidad General de Seguridad del Palacio Nacional participan en la coordinación de esa estructura.
El entonces inspector general de la Policía Nacional de Haití, Vladimir Paraison, habría tenido inicialmente un papel de liderazgo en la fuerza de tarea.
La información disponible indica que los contratistas apoyan las operaciones, pero no significa que tengan autoridad ilimitada para actuar por cuenta propia.
Aquí surge un asunto que merece respuestas públicas: ¿quién selecciona los objetivos de los drones?, ¿quién autoriza cada ataque?, ¿qué protocolos se utilizan para evitar víctimas civiles y quién investiga cuando una operación termina con personas inocentes muertas?
No hemos encontrado una publicación oficial que permita conocer de manera completa el contrato, su costo, las reglas de enfrentamiento y los mecanismos de supervisión de Vectus Global.
El costo humano de las operaciones
Los resultados de estas operaciones no pueden analizarse solamente contando cuántos integrantes de pandillas han muerto.
El informe S/2026/31 del secretario general de Naciones Unidas contiene cifras que llaman la atención. Según los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre el 1 de marzo y el 30 de diciembre de 2025, ataques con drones atribuidos a un contratista militar privado dejaron al menos 973 personas muertas: 934 identificadas como integrantes de pandillas y 39 residentes, incluidos 16 niños.
El mismo documento registra 674 heridos, entre ellos 633 integrantes de pandillas y 41 residentes, incluidos 18 niños.
Es decir, el informe identifica víctimas de ambos grupos: personas vinculadas a organizaciones criminales y habitantes que no participaban en la violencia.
Por otra parte, Human Rights Watch publicó en marzo de 2026 una investigación que estimó 1,243 personas muertas en 141 operaciones con drones entre marzo de 2025 y enero de 2026. La organización identificó entre los fallecidos a 43 adultos que no pertenecían a grupos criminales y 17 menores. También registró 738 heridos.
Estas cifras proceden de investigaciones y períodos de análisis diferentes. No deben sumarse entre sí ni confundirse con un balance oficial de bajas militares.
Lo que sí muestran es que la utilización de drones armados ha tenido consecuencias humanas que van mucho más allá de los enfrentamientos con las pandillas.
¿Continúan las operaciones de Vectus Global en 2026?
La participación de la empresa no quedó limitada a las primeras operaciones de 2025.
En julio de 2026, Reuters informó que Vectus Global continuaba operando drones en Haití desde marzo de 2025. La agencia también reportó que funcionarios estadounidenses estaban preparando una coordinación más estrecha con la fuerza de tarea haitiana y la empresa privada.
Ese dato es importante porque demuestra que el asunto continuaba vigente durante 2026.
Pero hay que evitar otra confusión: el despliegue de militares salvadoreños anunciado en octubre de 2026 constituye un componente distinto de la respuesta de seguridad en Haití. No debe atribuirse automáticamente a esos militares cada ataque con drones realizado por la fuerza de tarea y sus contratistas.
La participación de operadores salvadoreños contratados por Vectus Global tampoco significa que actuaran como representantes oficiales del Ejército de El Salvador.
Son dos cuestiones diferentes y deben investigarse por separado.
Una pregunta que Haití y la comunidad internacional no pueden dejar pendiente
Nadie puede desconocer el daño que las pandillas han causado a la población haitiana. Miles de familias han vivido bajo amenazas, secuestros, extorsiones, desplazamientos y asesinatos.
La recuperación de la seguridad es una necesidad urgente. Sin embargo, cuando un Gobierno incorpora empresas militares privadas a sus operaciones, también debe garantizar transparencia, supervisión y responsabilidad.
No basta con informar que una banda fue golpeada o que un dirigente criminal fue eliminado. También hay que explicar cómo se identificaron los objetivos, quién autorizó los ataques y qué ocurrió con las personas que no tenían relación con las organizaciones armadas.
Desde República Dominicana debemos observar este modelo con atención. La crisis haitiana tiene implicaciones para nuestra frontera y para la seguridad regional, pero también plantea preguntas sobre el uso de empresas privadas en operaciones armadas dentro de un país vecino.
No son preguntas que hagamos para defender a las pandillas haitianas. Nadie puede desconocer el sufrimiento que esos grupos han provocado a la población. Pero tampoco podemos mirar hacia otro lado cuando los informes internacionales comienzan a registrar muertes de personas que no tenían vinculación con esas organizaciones.
Por eso decidimos investigar el papel de estos contratistas, conocer quiénes están detrás de las operaciones, cómo se vincularon con las autoridades haitianas y si continúan participando en la actual estrategia de seguridad.
Hay nombres, empresas y documentos que merecen ser examinados. Uno de ellos es Vectus Global, vinculada al empresario estadounidense Erik Prince, fundador de Blackwater.
Y es precisamente ahí donde comienza esta investigación.
