Rosa López reflexiona sobre los obstáculos que enfrentan fundaciones y organizaciones comunitarias para acceder al apoyo institucional, mientras miles de dominicanos continúan esperando ayudas que deberían llegar por necesidad y no por influencia política.
La asistencia social no puede seguir dependiendo de intereses partidarios.
En un país donde las necesidades sociales son tan evidentes, resulta paradójico que quienes dedican su tiempo, recursos y vacaciones a servir a los más vulnerables tengan que librar una batalla adicional: conseguir el respaldo de las instituciones del Estado.
La República Dominicana cuenta con miles de asociaciones sin fines de lucro, fundaciones y organizaciones comunitarias que, lejos de buscar protagonismo, trabajan silenciosamente en favor de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades olvidadas. Son hombres y mujeres que recorren caminos difíciles, tocan puertas y hacen posible lo que muchas veces el Estado no alcanza a cubrir.
Sin embargo, la realidad es desalentadora.
Es común ver representantes de fundaciones enviando cartas durante meses, solicitando reuniones, esperando largas horas para ser recibidos por un ministro o un director general, con la esperanza de obtener una colaboración que beneficie directamente a una comunidad necesitada. En muchas ocasiones, la respuesta nunca llega.
Lo preocupante es que esa misma ayuda p1arece fluir con sorprendente rapidez cuando quien la solicita posee un cargo político o forma parte de una estructura partidaria. Operativos médicos, entregas de alimentos, medicamentos y otros recursos son aprobados casi de inmediato cuando detrás existe un dirigente, un regidor o un diputado.
Esta realidad deja una pregunta inevitable: ¿se está distribuyendo la ayuda social según las necesidades de la población o según los intereses políticos del momento?
El problema se hace aún más evidente al observar dónde se ejecutan muchos de estos operativos. Con frecuencia se realizan jornadas médicas en los centros urbanos, donde existen hospitales, UNAP, dispensarios médicos y múltiples opciones de atención sanitaria. Mientras tanto, comunidades apartadas como La Cañita, en el municipio de Bánica, continúan sin un dispensario cercano y prácticamente olvidadas por este tipo de iniciativas.
No se trata únicamente de atención médica. Lo mismo ocurre con las raciones alimenticias, los medicamentos, los útiles escolares y otros programas de asistencia social. En demasiadas ocasiones, los recursos terminan llegando a lugares donde generan mayor impacto político y no necesariamente donde existe mayor necesidad humana.
Quienes trabajamos desde el sector social hemos experimentado la frustración de ver cómo proyectos bien estructurados, destinados a transformar vidas, quedan detenidos por la burocracia, mientras otras actividades reciben apoyo inmediato porque representan una oportunidad de promoción para determinados actores políticos.
La asistencia social no puede convertirse en una herramienta electoral.
La pobreza no distingue colores partidarios.
El hambre no vota.
La enfermedad tampoco espera el calendario de una campaña política.
Las instituciones públicas fueron creadas para servir a todos los ciudadanos por igual.
Los recursos que administran provienen de los impuestos que paga toda la sociedad, por lo que su distribución debe responder a criterios de equidad, transparencia y necesidad, nunca a conveniencias políticas.
A pesar de las dificultades, quienes creemos en el trabajo social seguiremos recorriendo comunidades, gestionando ayudas y tendiendo la mano a quienes más lo necesitan. Lo hacemos porque entendemos que servir es un compromiso, no una estrategia de imagen.
Seguiremos dando la milla extra, con la esperanza de que algún día el sistema comprenda que apoyar a las organizaciones sociales no es hacer un favor, sino fortalecer una red de solidaridad que llega donde muchas veces el Estado no logra hacerlo.
Cuando la ayuda deja de depender de la política y comienza a depender únicamente de la necesidad, ese día habremos dado un verdadero paso hacia una República Dominicana más justa, más humana y más solidaria.