El esposo de Sarah Pepén afirma que fue esposado y golpeado durante un desalojo comercial; también denuncia pérdidas económicas y un supuesto engaño en el alquiler del local.
El abogado y empresario, esposo de la periodista y productora Sarah Pepén, denunció que fue golpeado, estrangulado y esposado durante un procedimiento realizado en el establecimiento Rinconcito Bohemio.
Gutiérrez sostiene que el conflicto comenzó porque él y su esposa alquilaron el inmueble a personas que inicialmente entendían que eran sus propietarios.
Posteriormente, según explicó, descubrieron que esas personas no tenían la titularidad del lugar.
Un proceso que terminó en desalojo
El empresario afirmó que, ante el proceso iniciado contra ellos, presentó una apelación.
Sin embargo, aseguró que un fiscal determinó que el recurso no procedía y el procedimiento continuó.
Mientras se encontraba en una audiencia relacionada con el caso, Gutiérrez dijo que observó mediante las cámaras de seguridad que varias personas habían entrado al establecimiento.
Según su relato, comenzaron a retirar objetos y bebidas del negocio.
También denunció que fue desprendido el equipo utilizado para almacenar las imágenes de las cámaras de seguridad.
Cuando acudió al establecimiento, aseguró que se produjo el enfrentamiento que terminó con su arresto y con él esposado.
“Me golpearon, me dieron golpes, me estrangularon”, denunció el empresario al describir lo ocurrido.
¿Desalojo o embargo?
Aquí aparece uno de los puntos que todavía necesita documentación oficial.
La mayoría de las publicaciones describe el hecho como un desalojo, mientras otra información publicada sobre el caso lo identifica como un embargo en el restaurante Rinconcito Bohemio, relacionado presuntamente con una deuda de alquiler.
Por esa razón, antes de presentar una conclusión definitiva sobre la legalidad del procedimiento, será necesario conocer la orden ejecutada, el tribunal que la emitió, las partes involucradas y el expediente correspondiente.
La denuncia de una supuesta persecución
Gutiérrez también relacionó el episodio con el reciente anuncio del regreso de Sarah Pepén a los medios de comunicación.
Según afirmó, después de conocerse públicamente el retorno de la comunicadora se habría iniciado una “persecución tenaz” contra ambos.
Esta afirmación corresponde a la versión ofrecida públicamente por Gutiérrez y no ha sido establecida como un hecho por una autoridad judicial.
Lo que falta por aclarar
El caso deja varias preguntas abiertas:
¿Quién ordenó el procedimiento?
¿Cuál tribunal emitió la decisión?
¿Existía una orden de desalojo o se trataba de un embargo?
¿Quién figura como propietario del inmueble?
¿Qué ocurrió exactamente con las pertenencias y equipos del negocio?
¿Existe una denuncia formal por la presunta agresión contra Gutiérrez?
Hasta el momento, las informaciones disponibles recogen principalmente la versión del empresario. También falta conocer públicamente la explicación de las autoridades y de las demás partes involucradas.
La diferencia entre una denuncia pública y un hecho judicialmente probado es fundamental.
Por eso, el caso no debería cerrarse únicamente con la imagen de un hombre esposado.
La verdadera historia está en los documentos: la orden ejecutada, el expediente, la titularidad del inmueble y las actuaciones de quienes participaron en el procedimiento.
El Vocero Dominicano continuará dando seguimiento al caso.