El reciente acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos para recibir deportados en tránsito genera interrogantes sobre transparencia, soberanía y consulta nacional.
La información difundida indica que se trata de un mecanismo temporal mediante el cual República Dominicana permitirá el ingreso excepcional de personas deportadas desde Estados Unidos, siempre que no tengan antecedentes penales, no sean ciudadanos haitianos y no se trate de menores no acompañados. El Gobierno estadounidense cubriría la logística y los costos operativos de la permanencia transitoria.
Sin embargo, la pregunta que muchos dominicanos se hacen sigue sin respuesta contundente: ¿por qué República Dominicana?
Cuando una nación acepta asumir responsabilidades migratorias que originalmente corresponden a otra potencia, la transparencia no puede ser opcional. Si se trata de cooperación bilateral, el país merece conocer cuáles beneficios concretos recibe a cambio. Si existe una contraprestación económica, diplomática o estratégica, debe explicarse abiertamente.
También surge otra interrogante esencial: ¿fue consultado el Congreso Nacional?
La Constitución dominicana establece mecanismos para el conocimiento y eventual ratificación de acuerdos internacionales cuando estos comprometen intereses del Estado.
Aunque el Ejecutivo ha presentado este instrumento como un memorando no vinculante, eso no elimina la necesidad de rendición de cuentas ni el deber político de informar al país.
El tema se vuelve más sensible en momentos en que República Dominicana enfrenta una fuerte presión migratoria, especialmente en la frontera, y cuando el discurso oficial ha estado centrado en el fortalecimiento del control territorial.
Aceptar deportados en tránsito mientras se endurecen políticas migratorias internas genera una contradicción que debe ser explicada.
No se trata de rechazar automáticamente la cooperación internacional ni de caer en alarmismos. Se trata de exigir claridad.
La ciudadanía merece saber:
Cuántas personas contempla el acuerdo
Cuánto tiempo permanecerían en territorio nacional
Qué controles migratorios se aplicarán
Qué garantías existen para evitar permanencias irregulares
Qué gana realmente República Dominicana
El país no puede enterarse de decisiones de alto impacto por titulares dispersos en medios internacionales o comunicados escuetos.
Cuando se toca la soberanía, aunque sea temporalmente, el silencio institucional solo alimenta sospechas.
Hoy más que nunca, el Gobierno está obligado a hablar claro. Porque cuando una nación asume compromisos migratorios de alcance internacional, no basta con decir que “todo está bajo control”.
La confianza pública también necesita documentación, explicación y debate nacional