Por; Diego Babado Torres, expresidente del Colegio De Abogados de la RD
En el contexto actual, la protección de los datos personales y la privacidad de las personas cobra una importancia fundamental, especialmente cuando se trata de materiales íntimos que, al ser divulgados sin consentimiento, pueden ocasionar graves daños emocionales, sociales y legales.
Recientemente, se han observado situaciones preocupantes donde videos íntimos, producidos y compartidos en un contexto privado y consentido, han sido solicitados, difundidos y utilizados sin autorización por parte de terceros, incluidos miembros de instituciones u organizaciones que deberían velar por la integridad y los derechos de las personas.
Estas acciones no solo constituyen una violación clara a la privacidad y a la protección de datos personales, sino que además pueden configurarse como delitos según las legislaciones vigentes en países como la República Dominicana y Colombia.
En República Dominicana, la Ley No. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, junto con otras normas como la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, establecen sanciones para quienes manejan, difunden o exponen datos personales sensibles sin consentimiento. De manera similar, en Colombia, la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 regulan la protección de datos personales, y el Código Penal tipifica como delito la difusión no autorizada de imágenes o videos íntimos, con penas de prisión y multas.
Casos emblemáticos en ambos países han dejado en claro que la difusión no autorizada de contenidos íntimos es una forma de violencia digital que debe ser combatida y sancionada con rigor.
Asimismo, es crucial subrayar que las amenazas o sanciones contra quienes no hayan difundido dichos materiales, sino que han sido víctimas de chantajes o extorsiones, representan una injusticia y una violación a sus derechos. La responsabilidad recae en quienes manipulan y distribuyen estos contenidos sin consentimiento.
Finalmente, este llamado busca promover una cultura de respeto, protección legal y ética en el manejo de la información personal, recordando que la privacidad es un derecho humano fundamental y que su violación acarrea consecuencias legales severas.