En el caso Senasa, mantener la prisión preventiva no es un exceso, sino una necesidad para garantizar justicia y evitar la impunidad.
Santo Domingo, RD. En el caso del presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), la discusión no debería centrarse en tecnicismos legales, sino en un principio básico: la justicia no puede ceder ante argumentos débiles ni maniobras dilatorias.
La solicitud del procurador adjunto, Wilson Camacho, de mantener la prisión preventiva de los imputados no solo es coherente, sino necesaria. Cuando el Ministerio Público afirma que no se han presentado elementos nuevos, lo que realmente está diciendo es que no existe razón legítima para cambiar una medida que busca proteger el proceso judicial.
Y ese es el punto clave. La ley es clara: no basta con presentar papeles, hay que presentar pruebas con peso. Documentos que realmente desmonten el riesgo de fuga o que cambien sustancialmente el escenario procesal. Si eso no ocurre, variar la medida sería abrir la puerta a la impunidad.
En República Dominicana, los grandes casos de corrupción han tropezado históricamente con el mismo obstáculo: la debilidad en la aplicación de las medidas coercitivas. Cuando estas se flexibilizan sin fundamentos sólidos, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: que el poder económico o las estrategias legales pueden más que la ley.
El caso Senasa no es un expediente cualquiera. Se trata de recursos destinados a la salud de los ciudadanos, uno de los pilares más sensibles del Estado. Por eso, la rigurosidad debe ser mayor, no menor.
La postura del Ministerio Público, al insistir en la “novedad y suficiencia” de las pruebas, no es un capricho. Es un recordatorio de que el debido proceso también implica proteger la integridad del caso, evitar presiones indebidas y garantizar que los imputados respondan ante la justicia.
Relajar la prisión preventiva sin argumentos sólidos sería un retroceso. Sería repetir errores del pasado, donde casos emblemáticos terminaron diluyéndose entre tecnicismos y decisiones cuestionables.
La justicia dominicana enfrenta una prueba más. Y esta vez, no se trata solo de lo que dicte un juez, sino del mensaje que se envíe a toda la sociedad: si la ley se respeta o si, una vez más, se negocia.
Porque cuando se trata de fondos públicos y confianza ciudadana, la firmeza no es opcional. Es imprescindible.