En Colombia, el respeto por la autonomía indígena y la protección de los derechos de la niñez entran en tensión. Este artículo analiza los vacíos legales, los choques culturales y la falta de articulación entre el ICBF y la jurisdicción indígena, desde una mirada vivencial y crítica.
La Autonomía Indígena Está en la Constitución
En Colombia, la autonomía de los pueblos indígenas está protegida por la Constitución Política, en su artículo 330 y otros. Esta autonomía les permite gobernarse según sus usos y costumbres, lo que incluye el manejo de temas como la justicia, los asuntos familiares y la crianza de los niños.
Cada comunidad tiene su propia forma de entender la disciplina, el cuidado infantil y la enseñanza. Esto implica que las instituciones del Estado, como el ICBF, no pueden intervenir de forma arbitraria sin tener en cuenta este marco cultural y jurídico.
Choques Entre la Cultura Indígena y la Justicia Ordinaria
Lo que para la sociedad mayoritaria puede considerarse maltrato o negligencia, en algunas comunidades indígenas forma parte de su cosmovisión o sus métodos de enseñanza tradicionales. Esta diferencia ha generado conflictos entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial indígena, dificultando muchas veces la intervención directa del Estado.
La Ley 1098 y el Vacío Legal
La Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia) aplica en todo el territorio nacional. Sin embargo, no establece una regulación específica para la atención de niños indígenas ni cómo debe coordinar el ICBF con las autoridades de los resguardos.
Esto ha generado lo que en la práctica son zonas grises legales, donde ninguna autoridad actúa con claridad ni asume responsabilidad plena.
Experiencia en Territorio: La Realidad Supera la Teoría
Desde mi experiencia directa, he vivido situaciones donde debíamos recoger niños indígenas en situación de calle, pero la única forma de intervenir era a través del líder indígena de la comunidad.
Solo en casos extremos, como situaciones de desnutrición severa o violencia física evidente, se podía proceder con medidas de protección directa. En los demás casos, el respeto por la autonomía limitaba la acción institucional.
¿Qué Está en Juego?
La realidad es que los niños indígenas sí tienen derecho a ser protegidos por el Estado, a través del ICBF. Sin embargo, en la práctica, este derecho choca constantemente con:
- El respeto a la autonomía indígena,
- Los vacíos institucionales,
- La falta de articulación entre jurisdicciones,
- Y una profunda desconfianza entre las partes.