La jueza Lauris Ramírez irrumpe irregularmente en una propiedad vinculada a un caso familiar, generando un grave conflicto de interés. Se exige una investigación por parte del Consejo del Poder Judicial.
Un hecho alarmante en el sistema judicial dominicano
Santo Domingo, R.D. – La reciente actuación de la magistrada Lauris Ramírez, jueza de la Octava Sala del Tribunal de Familia del Distrito Nacional, ha generado profunda preocupación y alarma tanto en círculos judiciales como entre los ciudadanos. En un suceso que ha captado la atención pública, la jueza irrumpió de manera irregular en la residencia familiar Suberví, aparentemente por instrucciones de sus propios hijos, quienes estarían involucrados en un proceso relacionado con la propiedad.
Violación al debido proceso
Lo más grave del caso es que la magistrada Lauris Ramírez ya había sido formalmente recusada. Esto significa que había sido legalmente impedida de seguir interviniendo en el expediente. Su presencia en el lugar y sus acciones constituyen una flagrante violación al debido proceso, lo que refleja un abuso de poder y una falta ética de extrema gravedad.
Un comportamiento fuera del marco legal
Testigos presenciales han relatado que la jueza, actuando fuera del marco legal, ingresó a la propiedad familiar generando un ambiente de tensión y confrontación. Este hecho se habría producido bajo una orden verbal que, aparentemente, responde a intereses personales relacionados con sus descendientes. Un acto de esta magnitud establece un peligroso precedente y un claro conflicto de interés.
Exhortación al Consejo del Poder Judicial
La sociedad dominicana no puede permanecer indiferente ante una actuación que pone en duda la imparcialidad del Poder Judicial. La imagen de la justicia se ve comprometida cuando se violan principios fundamentales de transparencia e imparcialidad. Por ello, es urgente que el Consejo del Poder Judicial inicie una investigación exhaustiva, objetiva e independiente, con el fin de determinar las responsabilidades correspondientes y aplicar las sanciones necesarias.
Un llamado a la justicia y honorabilidad
Permitir que una jueza recusada intervenga directamente en un caso familiar, influenciada por intereses personales y vínculos de sangre, constituye un grave riesgo institucional. Este tipo de prácticas amenaza la credibilidad del sistema de justicia y pone en peligro el Estado de Derecho en la República Dominicana.
La sociedad exige que se haga justicia, y la justicia exige honorabilidad.