Por: El Lcdo, Reynaldo Sanchez, abogado penalista y migratorio
El lavado de activos, la estafa y el tráfico de influencia no son delitos lejanos: distorsionan la economía y debilitan la justicia. Aquí analizo su impacto en RD y EE.UU.
Lavado de activos, tráfico de influencia y estafa: una red que nos atrapa a todos
Como ciudadano observador y crítico de los males que frenan nuestro desarrollo, me veo en la obligación de hablar de tres delitos que, combinados, están haciendo un daño profundo y silencioso a nuestra sociedad: el lavado de activos, la estafa y el tráfico de influencia.
Aunque se presentan como delitos separados, muchas veces operan en conjunto, creando un sistema de impunidad, enriquecimiento ilícito y debilitamiento institucional que afecta directamente al ciudadano común.
¿Qué tienen en común el lavado, la estafa y el tráfico de influencia?
El lavado de activos es el paso final de muchos delitos: convierte lo ilegal en legal. Sin ese proceso, los delincuentes no podrían disfrutar de su dinero sin levantar sospechas.
La estafa, en cambio, es una forma directa de engaño económico. Ocurre cuando alguien obtiene dinero o beneficios mediante manipulación, falsedad o abuso de confianza. Puede ser desde una empresa fantasma hasta inversiones fraudulentas.
El tráfico de influencia es el engranaje que muchas veces permite que las estafas prosperen y que el lavado se oculte. Es el uso del poder o las relaciones para manipular decisiones públicas o privadas.
Juntos, estos tres delitos forman una red sofisticada que actúa desde las sombras pero con efectos muy reales.
Estafa: el delito “invisible” que pasa por legal
En República Dominicana y en muchos países de América Latina, la estafa está tan normalizada que muchas veces ni siquiera se denuncia. Nos estafan en contratos, en ventas, en inversiones dudosas, en negocios donde “todo parecía legal”.
Pero detrás de muchas estafas está el mismo mecanismo: dinero ilícito que luego se lava, con protección de algún funcionario o “contacto” que cierra los ojos. Así se conecta con el tráfico de influencia y el lavado.
El marco legal en RD y EE.UU.
En República Dominicana:
- La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos tipifica claramente el blanqueo de capitales.
- El Código Penal y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología también incluyen la estafa, incluyendo su versión digital.
- Pero la aplicación sigue siendo débil, especialmente cuando hay poder o dinero de por medio.
En Estados Unidos:
- Existen leyes robustas como la RICO Act que permiten procesar redes criminales completas.
- La Wire Fraud Law es una de las herramientas más usadas para perseguir estafas a través de medios electrónicos.
- Además, EE.UU. colabora con otros países en la extradición de imputados por delitos financieros, como ha pasado con varios dominicanos acusados de estafa y lavado.
Casos reales que conectan los tres delitos
En los últimos años hemos visto casos donde estos delitos aparecen juntos:
- Inversiones fraudulentas que prometen altos retornos, como estafas piramidales, y luego lavan el dinero recaudado.
- Funcionarios que otorgan contratos públicos a empresas fachada a cambio de sobornos.
- Redes que usan empresas legales para mover dinero sucio bajo la protección de “contactos” en el sistema.
Todo esto alimenta la percepción de que quien tiene poder o relaciones puede robar sin consecuencias.
Consecuencias reales: ¿quién paga la estafa?
Las víctimas no son solo quienes pierden dinero directamente. Somos todos:
- Pagamos impuestos para cubrir presupuestos inflados por corrupción.
- Nos enfrentamos a servicios públicos deficientes, porque los recursos se desvían.
- Competimos deslealmente en el mercado, porque algunos ganan licitaciones con trampas o sobornos.
- Perdemos confianza en las instituciones, porque parece que la justicia solo cae sobre los más débiles.
¿Y la sociedad civil, qué puede hacer?
Yo creo que ya no basta con indignarnos. Tenemos que actuar:
- Denunciar estafas, incluso las que “no parecen tan graves”.
- Apoyar el periodismo investigativo que revela estos entramados.
- Presionar por transparencia en compras públicas, bancos y elecciones.
- Formar ciudadanos informados que sepan identificar un fraude o un abuso de poder.
Organizaciones como Transparencia Global y otras ONGs locales cumplen un rol clave en fiscalizar, educar y exigir rendición de cuentas.
En conclusión
La estafa, el lavado de activos y el tráfico de influencia no son delitos técnicos: son amenazas sociales.
Cuando permitimos que estas prácticas se normalicen, estamos renunciando al país que merecemos. Un país donde el trabajo honesto valga más que la trampa, donde la justicia no tenga precio, y donde quien estafa o lava dinero enfrente consecuencias reales.
No podemos seguir siendo espectadores.