La aprobación del nuevo Código Penal abre un debate sobre la modernización jurídica, el papel de la oposición y la defensa de la libertad de expresión.
Los legisladores del partido Fuerza del Pueblo votaron por la modificación del Código Penal, que dio origen a la Ley No. 74-25 sobre el nuevo Código Penal de la República Dominicana, en virtud de que esa pieza legislativa tenía más de tres décadas en espera de ser actualizada de acuerdo con los tiempos modernos, para incluir en la misma los nuevos crímenes y delitos de la era digital que afectan nuestra sociedad.
La intención del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, y de los diputados del partido fue dotar al país de un instrumento jurídico moderno y práctico, capaz de enfrentar la delincuencia, la corrupción, la inseguridad ciudadana y la violencia dentro del núcleo familiar.
Los legisladores de la oposición estaban compelidos a votar por la aprobación del nuevo Código Penal, so pena de ser llevados al paredón de fusilamiento de la moral, integrado por las bocinas del Gobierno, que buscan un motivo para desacreditar a los líderes opositores.
Si el senador del Distrito Nacional no hubiera votado por el nuevo Código Penal, los ataques del partido oficial, por medio de sus vocingleros, habrían sido inmisericordes, acusando al joven senador de no apoyar la modernidad y de estar de acuerdo con una legislación desfasada que protege la delincuencia, la corrupción y los delitos cibernéticos que afectan a toda la sociedad.
Por estas razones entendemos que los partidos de oposición no podían retraerse del proceso de aprobación del nuevo Código Penal.
Al parecer, en el Congreso de mayoría oficialista se incluyó, de forma inconsulta, la denominada “Ley Mordaza”, que busca silenciar la opinión pública, en una franca violación al artículo 49 de la Constitución, que consagra la libre expresión.
Con premeditación y alevosía, se estarían imponiendo penas desproporcionadas e infamantes, las cuales han sido rechazadas en todas sus partes por los legisladores del partido Fuerza del Pueblo.
El Gobierno, por medio del control absoluto que tiene en el Congreso, pretende silenciar las voces disidentes que denuncian los continuos y lacerantes actos de corrupción, disfrazados de préstamos por miles de millones de dólares y contrataciones públicas.
Lo que se quiere evitar es que la población utilice las redes sociales para denunciar los abusos policiales, la malversación de los fondos de las instituciones públicas, el tráfico de influencia, entre otros males que mantienen a la sociedad de rodillas.