La entrada en vigencia del nuevo Código Penal plantea importantes desafíos para el sistema penitenciario, el Ministerio Público y el Poder Judicial, en un contexto marcado por limitaciones estructurales y de recursos.
Una ley puede fortalecer el sistema de justicia, pero también poner a prueba la capacidad del Estado para hacerla cumplir. Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el debate ya no es solo sobre los nuevos delitos y las penas, sino sobre si las instituciones dominicanas cuentan con los recursos humanos, financieros y operativos para responder a una demanda creciente de justicia.
Con la entrada en vigencia de la Ley No. 74-25, sobre el nuevo Código Penal, el sistema carcelario dominicano será el más afectado, pues para nadie es un secreto las falencias que padece. Se destaca la sobrepoblación en todas las cárceles del país, donde miles de privados de libertad viven de forma infrahumana, porque existen denuncias contundentes de que los prisioneros son sometidos a crueles torturas, con palizas y otros castigos severos. Estas escenas dantescas se multiplicarán al 500 %.
El Código Penal integra 70 nuevos tipos penales, que incluyen los delitos electrónicos, pero también eleva al máximo las penas de los crímenes y delitos contenidos en el anterior. La sociedad, en su mayoría, ve positiva la pieza legislativa, pero el peligro de la aplicación de este código es la falta de previsión de las autoridades, que no se han preparado para recibir una avalancha de los futuros violadores de los nuevos delitos.
El sistema carcelario terminará de colapsar, en virtud de que, al parecer, será necesario construir nuevos centros de retención y cárceles en todas las provincias, municipios, secciones y hasta en los barrios de las grandes ciudades. Se puede vislumbrar un desorden generalizado en toda la sociedad. Por otro lado, el Ministerio Público no cuenta con el personal ni las estructuras físicas suficientes para cumplir con su rol de defensor de la sociedad.
El Poder Judicial, que viene arrastrando grandes penurias, estas se agudizarán por la falta de un presupuesto adecuado, un personal técnico calificado, el nombramiento de nuevos jueces y sembrar el país de tribunales, para poder darle respuesta al clamor de justicia de la población.
Todo parece indicar que la cura será peor que la enfermedad, debido a la falta de recursos económicos y humanos para enfrentar la embestida que nos espera. Esto así, por la incapacidad de las autoridades de turno, a las que les ha faltado iniciativa para preparar una estrategia que pueda mitigar los efectos que se van a generar con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Dominicano, en los próximos días.
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