Una decisión judicial cambió el rumbo del caso al excluir a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta de un posible juicio por corrupción.
La jueza concluyó que las acusaciones presentadas no eran suficientes para enviarlos a juicio, una decisión que vuelve a encender el debate público.
Un inesperado giro judicial cambió anoche el rumbo de uno de los casos de corrupción más seguidos en República Dominicana.
La jueza Altagracia Ramírez dictó un «no ha lugar» a favor de los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, al considerar que las acusaciones presentadas no contaban con elementos suficientes para abrir un juicio en su contra.
La decisión sorprendió a quienes han seguido durante años el proceso y reavivó la conversación sobre el alcance de las investigaciones por corrupción en el país.
Con este fallo, ambos exfuncionarios quedan fuera de un eventual juicio relacionado con las imputaciones que habían sido presentadas por el Ministerio Público.
El punto central de la decisión fue la valoración de las pruebas.
Según la jueza, los elementos presentados no lograban sustentar la apertura de un proceso judicial en contra de Castillo y Peralta.
La resolución representa un cambio significativo dentro de un expediente que durante años generó expectativas, debates y fuertes posiciones encontradas.
Mientras algunos interpretan el fallo como una muestra de las exigencias que impone el sistema judicial para sustentar una acusación, otros consideran que la decisión abre nuevas interrogantes sobre uno de los procesos más comentados de los últimos años.
La reacción pública no se hizo esperar.
En redes sociales y distintos espacios de opinión, la decisión volvió a dividir criterios y a generar una intensa discusión sobre el futuro de los grandes casos de corrupción que han marcado la agenda nacional.
Aunque el fallo despeja el camino judicial para ambos exfuncionarios dentro de este proceso, el debate público sobre el caso parece estar lejos de terminar.