La sustracción de un niño de cuatro años en Los Tres Brazos abre interrogantes sobre la situación de una adolescente de 12 años que había estado bajo la protección del CONANI y la importancia de fortalecer el seguimiento de los menores vulnerables.
El caso del niño de cuatro años que fue sustraído en Los Tres Brazos y localizado en Capotillo debe servir para algo más que celebrar su rescate. También debe llevarnos a mirar una realidad que muchas veces queda en segundo plano: la situación de los niños y adolescentes que necesitan protección antes de que ocurra una tragedia.
Según informó Listín Diario el 16 de octubre de 2026, la Policía Nacional confirmó que el niño fue rescatado sano y salvo y que recibe asistencia de acuerdo con los protocolos correspondientes.
Pero hay otro elemento que merece atención. La adolescente de 12 años que aparece en las cámaras de vigilancia llevándose al niño se encontraba en situación de calle y, de acuerdo con las declaraciones del vocero policial, Diego Pesqueira, había escapado de un centro del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) unos cinco días antes.
Y aquí es donde surgen las preguntas.
Una adolescente de 12 años también necesita protección
¿Cómo llegó esta niña a una situación de vulnerabilidad? ¿Qué circunstancias rodearon su salida del centro donde se encontraba? ¿Qué seguimiento se había establecido para garantizar su seguridad después de abandonar ese lugar?
Son preguntas legítimas que las autoridades competentes deben aclarar, sin adelantar conclusiones ni atribuir responsabilidades antes de conocer los resultados de la investigación.
La situación descrita por la Policía obliga a reflexionar sobre la importancia del seguimiento de los casos de niños, niñas y adolescentes que requieren protección especial.
No basta con intervenir cuando un menor se encuentra en peligro. También es necesario conocer qué sucede después, quién da seguimiento a su situación y qué medidas se adoptan para evitar que vuelva a quedar expuesto a riesgos.
¿Qué pasó durante esos cinco días?
Este es uno de los puntos que merece aclaración.
Si, como informó la Policía, la adolescente había salido del centro aproximadamente cinco días antes del hecho, sería importante que las autoridades competentes expliquen qué actuaciones se realizaron durante ese período para localizarla y evaluar su situación.
La información publicada no permite determinar si hubo fallas institucionales, cuáles fueron las circunstancias de su salida ni qué medidas de búsqueda se adoptaron. Por eso, no corresponde señalar culpables sin conocer los expedientes y las actuaciones oficiales.
Lo que sí corresponde es pedir respuestas que permitan comprender qué ocurrió y cómo evitar que situaciones similares se repitan.
La investigación debe aclarar si hubo intervención de un adulto
Otra interrogante planteada en el caso es si la adolescente actuó por iniciativa propia o si alguna persona adulta pudo haberla inducido o participado en los hechos.
El vocero policial explicó que la adolescente debía ser evaluada por especialistas y que la investigación correspondiente debía continuar por las vías competentes, tomando en cuenta su edad.
La menor fue trasladada al Hospital Infantil Robert Reid Cabral para recibir hidratación y una evaluación psicológica, antes de ser remitida a la jurisdicción especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, según las declaraciones recogidas por Listín Diario.
Es importante que la investigación determine las circunstancias de lo ocurrido y cualquier posible participación de terceros, si la hubo.
Sin embargo, esa posibilidad todavía no constituye un hecho comprobado. La prudencia periodística exige esperar información oficial y evitar especulaciones que puedan perjudicar tanto la investigación como los derechos de los menores involucrados.
El CONANI ha explicado públicamente que sus hogares de paso están destinados a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo personal, familiar o social, especialmente cuando su entorno no garantiza su seguridad.
Asimismo, el organismo informó que durante 2025 atendió 27,421 casos de menores de edad en situaciones de riesgo, vulnerabilidad o vulneración de derechos. Entre las situaciones registradas figuraban el abandono, la negligencia familiar, la violencia y la explotación, entre otras.
Estas cifras muestran la dimensión del trabajo de protección infantil que enfrenta el país. No demuestran, por sí solas, que exista una falla relacionada con este caso particular.
Pero sí recuerdan que la protección de la niñez necesita respuestas oportunas, coordinación entre las instituciones y seguimiento adecuado de cada situación individual.
La prevención debe comenzar antes de que un niño desaparezca, antes de que un adolescente vuelva a quedar en la calle y antes de que una situación de vulnerabilidad se convierta en un hecho que conmocione a toda la sociedad.
¿Qué debe aclararse ahora?
Desde la perspectiva de la prevención y la protección de los derechos de la niñez, hay varios puntos que merecen respuestas oficiales:
- Cuáles fueron las circunstancias en que la adolescente salió del centro donde se encontraba.
- Qué medidas de seguimiento o localización se adoptaron después de su salida.
- Qué condiciones familiares, sociales y psicológicas rodeaban a la menor.
- Si existen indicios de participación, inducción o intervención de alguna persona adulta.
- Qué medidas de protección se garantizarán a ambos menores mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
Estas preguntas no constituyen acusaciones contra el CONANI ni contra ninguna otra institución. Son asuntos que deben aclararse con información verificable y respetando la privacidad de los menores.
Una reflexión desde el Observatorio Fundación RATT Dominicana
Desde el Observatorio de la Fundación RATT Dominicana, entendemos que la prevención exige mirar más allá del hecho que ocupa los titulares.
El rescate del niño de cuatro años es una noticia que permite respirar con alivio. Pero también debemos preguntarnos qué condiciones hicieron posible que una adolescente de apenas 12 años llegara a encontrarse en una situación como la descrita por las autoridades.
No se trata de justificar la sustracción del niño ni de señalar a la adolescente como culpable sin que se conozcan las actuaciones de la jurisdicción competente. Se trata de reconocer que ambos menores tienen derechos y que sus situaciones deben ser abordadas con responsabilidad, protección y respeto.
Tampoco corresponde calificar este caso como trata de personas sin elementos que permitan establecer los componentes de ese delito. Si la investigación encuentra indicios de explotación, captación o participación de terceros, esos hechos deberán ser examinados por las autoridades competentes.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿estamos llegando a tiempo para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, o seguimos reaccionando cuando el daño ya está hecho?
La respuesta no debe quedarse en declaraciones. Debe reflejarse en prevención, seguimiento y protección efectiva.
