Análisis y reflexión sobre cómo la Ley 18-24 fortalece el control social y permite a las ONG exigir transparencia en República Dominicana.
La Ley 18-24 y el rol de las ONG
Desde mi perspectiva, la Ley núm. 18-24 marca un antes y un después en la relación entre el Estado y la sociedad civil en la República Dominicana.
Esta ley no solo regula la Cámara de Cuentas. También reconoce el derecho de la ciudadanía organizada a participar activamente en el control del uso de los recursos públicos.
El control social en la Ley 18-24
La Ley 18-24 establece que los ciudadanos, de manera individual o colectiva, pueden colaborar con los órganos de control externo e interno del Estado.
Para mí, este reconocimiento legal convierte el control social en una herramienta legítima, formal y necesaria para fortalecer la democracia.
Las ONG dejan de ser simples observadoras y pasan a ser actores del sistema de fiscalización.
¿Cómo se benefician las ONG?
Las ONG se benefician porque la ley les abre un canal institucional para denunciar irregularidades y exigir rendición de cuentas.
Esto les permite sustentar sus reclamos en un marco legal claro, reduciendo la improvisación y fortaleciendo su capacidad de incidencia.
Además, la ley protege el derecho a participar sin represalias.
La Fundación RATT Dominicana y la Ley 18-24
En el caso de la Fundación RATT Dominicana, la Ley 18-24 puede ser utilizada para vigilar el uso de fondos públicos destinados a programas sociales, inclusión y derechos humanos.
Desde mi análisis, esta fundación puede documentar situaciones, recopilar evidencias y presentar denuncias formales ante la Cámara de Cuentas cuando detecte prácticas contrarias a la transparencia.
Esto fortalece su misión y amplía el impacto de su trabajo comunitario.
Exigir transparencia con base legal
Exigir transparencia no es una confrontación política. Es un derecho respaldado por la Ley 18-24.
Las ONG pueden demandar información, seguimiento y corrección de irregularidades utilizando los mecanismos de control social previstos en la norma.
Así, sus denuncias adquieren peso institucional y dejan de ser solo reclamos públicos.
De la vigilancia a la incidencia
Uno de los mayores aportes de la Ley 18-24 es que permite a las ONG pasar de la denuncia informal a la incidencia estructurada.
Cuando una organización vigila, documenta y da seguimiento, contribuye a mejorar la gestión pública y a prevenir el uso indebido de los recursos del Estado.
Reflexión final
Creo firmemente que la Ley 18-24 empodera a las ONG y fortalece su rol en la vida democrática del país.
Organizaciones como la Fundación RATT Dominicana tienen hoy una base legal para exigir transparencia, participar en el control social y convertirse en aliadas de una administración pública más ética.
La transparencia no se decreta. Se construye con leyes claras, participación ciudadana y compromiso social.