Por: Reynaldo Sanchez
El jefe interino del ICE defendió las redadas migratorias ante el Congreso de EE. UU. en medio de fuertes críticas por tácticas, muertes en operativos y debate sobre derechos civiles.
El jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, se presentó ante el Congreso para defender las redadas migratorias y las tácticas de su agencia.
En una audiencia que duró varias horas, Lyons aseguró que sus agentes no se dejarán intimidar por la crítica pública ni por las protestas.
Una posición firme
Lyons respaldó el trabajo de ICE y reiteró que continuarán con la agenda de deportaciones del gobierno estadounidense —a pesar de la presión política y social—.
Frente a cuestionamientos de legisladores, señaló que las operaciones son legales y están impulsadas por inteligencia.
También defendió a los agentes y dijo que no se dejarán intimidar por las críticas, culpando a manifestantes y políticos por escalar la tensión.
Críticas y contexto
La comparecencia se dio tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operativos de inmigración en Minneapolis, lo cual generó amplia indignación.
Legisladores demócratas han acusado a la agencia de emplear tácticas agresivas, operar sin transparencia y violar derechos civiles en algunas acciones.
También cuestionaron el uso de máscaras por parte de los agentes y la falta de cámaras corporales, pidiendo reformas y supervisión más estricta.
Debate político intenso
La audiencia fue un reflejo de la profunda polarización sobre la política migratoria en Estados Unidos.
Mientras que muchos republicanos defendieron la labor de ICE y su labor de aplicar la ley, varios demócratas denunciaron lo que llaman tácticas excesivas que han afectado tanto a inmigrantes como a ciudadanos.
Las tensiones aumentan en medio de negociaciones presupuestarias para el Departamento de Seguridad Nacional, donde algunos legisladores amenazan con bloquear fondos si no se imponen reformas.
Opinión: ¿defensa o falta de responsabilidad?
Es comprensible que cualquier agencia encargada de hacer cumplir leyes de inmigración resalte su legalidad y compromiso con la seguridad.
Sin embargo, la forma en que se ha defendido la agresividad de las redadas ignora un punto central: la percepción pública importa.
Cuando una parte significativa de la sociedad considera que prácticas migratorias vulneran derechos civiles —o incluso resultan en muertes—, la respuesta no puede limitarse a repetir que “no se dejarán intimidar”. Ese discurso puede reforzar la polarización y disminuir el espacio para el diálogo.
Además, una política de inmigración no puede ser juzgada solo por cifras de arrestos o deportaciones. Debe evaluarse también por su impacto humano, su respeto a los procesos legales y la confianza que genera entre comunidades afectadas.
La responsabilidad pública exige transparencia, apertura al escrutinio y reformas cuando sea necesario. Defender acciones sin aceptar críticas ni explorar soluciones más equilibradas solo profundiza la división.
En un país con historia de debates tensos sobre inmigración, el reto no es solo aplicar la ley. Es hacerlo de manera que construya legitimidad y respeto por los derechos humanos en cada paso del proceso.