Más de 200 propietarios aseguran que una notificación de desalojo amenaza comunidades con más de 150 años de historia y solicitan la intervención directa del Gobierno
¿Cómo una comunidad que asegura haber habitado estas tierras por generaciones enfrenta ahora un ultimátum para abandonarlas en apenas 15 días? Esa es la pregunta que hoy moviliza a decenas de familias de Hoyo Claro y La Jardita, en La Altagracia.
HIGÜEY, La Altagracia. Más de 200 propietarios agrupados en la Asociación Gestora de Proyectos Turísticos, Agrarios y Ganaderos para el Desarrollo y Beneficio de La Jardita y Hoyo Claro (ASOGESPROTURA) solicitaron la intervención del Gobierno Central y del ministro de Medio Ambiente para detener un proceso de desalojo que, aseguran, pone en riesgo comunidades con más de 150 años de historia.
Según la organización, el pasado 17 de julio recibieron una notificación de las oficinas locales del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgándoles un plazo de 15 días para abandonar sus viviendas, retirar sus animales y desalojar los terrenos que afirman ocupar de manera legal y por herencia familiar.
Los comunitarios expresaron que esperan la intervención directa del ministro de Medio Ambiente en Santo Domingo, al considerar que las autoridades locales estarían actuando de manera irregular. Además, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que existan intereses privados detrás de las acciones que afectan a las familias residentes en la zona.
Más de un siglo de historia familiar
ASOGESPROTURA sostiene que las familias de Hoyo Claro y La Jardita han vivido en esos terrenos durante generaciones. Como parte de su argumento, señalan que miembros de la familia Ramírez poseen unas 2,300 tareas desde 1868, mientras que la familia Sierra Paniagua mantiene alrededor de 2,500 tareas donde desarrolló actividades agrícolas y ganaderas.
Los representantes de la asociación aseguran que esas tierras permitieron el sustento y la formación de varias generaciones de profesionales y que todavía permanecen con vida descendientes directos de los fundadores de la comunidad, quienes estarían dispuestos a ofrecer su testimonio públicamente.
Solicitan apoyo de las autoridades
La organización informó que ha remitido comunicaciones a la Alcaldía de Higüey, la Gobernación Provincial de La Altagracia, la Junta Distrital de Verón-Punta Cana y al programa Comunidad Segura, solicitando la revisión del caso y la apertura de un diálogo.
Asimismo, pidió la atención de los medios de comunicación, periodistas e investigadores para que den seguimiento a la situación y contribuyan a que las autoridades evalúen las reclamaciones planteadas por los residentes.
Los representantes de ASOGESPROTURA sostienen que defenderán sus derechos por las vías legales y reiteran que buscan una solución que preserve tanto el patrimonio familiar como el respeto al marco constitucional vigente.