Por: Ysidro Vargas
Acusaciones sobre amplia presencia de personas de origen haitiano en ejército y policía dominicana generan inquietud. Qué se sabe, qué falta comprobar y qué piden expertos.
En los últimos días han circulado afirmaciones sobre una «amplia presencia» de personas de origen haitiano en las filas del Ejército, la Armada y la Policía Nacional de la República Dominicana. Los mensajes hablan de porcentajes y de supuestos riesgos para la sobriedad
Esas afirmaciones han generado inquietud en sectores de la población. Al mismo tiempo, también han provocado llamadas a la prudencia por parte de organizaciones de derechos humanos y académicos.
Para entender el asunto conviene distinguir lo dicho de lo verificado. Muchas de las cifras que circulan no están acompañadas de fuentes públicas ni de listados oficiales que permitan corroborarlas.
Las normas de nacionalidad son parte del debate. El Jus sanguinis (derecho de sangre) y el Jus Solís (derecho del suelo) funcionan de manera distinta según cada país. Además, la normativa y la jurisprudencia han cambiado a lo largo del tiempo en ambas repúblicas que comparten la isla.
Preguntas concretas requieren respuestas documentadas: ¿qué muestran los registros administrativos sobre la composición del personal militar y policial? ¿Qué procedimientos de selección, evaluación y ascenso aplican las fuerzas? ¿Hay controles que verifiquen la nacionalidad y la lealtad institucional?
Especialistas alertan sobre dos riesgos simultáneos. El primero, una hipotética vulnerabilidad institucional en caso de una infiltración masiva —un riesgo que sólo puede evaluarse con auditorías y datos. El segundo, la difusión de narrativas no verificadas que estigmatizan a comunidades enteras y aumentan la tensión social.
En entornos polarizados, la desinformación puede traducirse en violencia o exclusión. Por eso, organizaciones civiles recomiendan transparencia: auditorías independientes, acceso público a estadísticas agregadas y protocolos claros para la contratación y ascenso en instituciones sensibles.
También se solicita que cualquier investigación respete el debido proceso y los derechos individuales. Señalar a personas por su origen sin pruebas puede vulnerar derechos y alimentar resentimientos históricos entre comunidades de la isla.
La discusión histórica sobre identidad y soberanía en la isla es compleja y de larga data. Para evitar alarmismos, la prioridad debería ser la verificación rigurosa de las cifras, la publicación de datos oficiales y el diálogo entre instituciones y sociedad civil.
En ausencia de pruebas públicas, las declaraciones concluyentes deben tratarse con cautela. La demanda social legítima es obtener claridad: datos verificables, explicaciones sobre políticas de personal y garantías de que la seguridad nacional se administra con transparencia y respeto a los derechos humanos.