Por: Yahaira Sanchez
La prohibición a funcionarios de participar en empresas que negocian con el Estado marca un paso clave hacia la ética y la transparencia.
La reciente prohibición que impide a los funcionarios públicos participar en empresas que negocian con el Estado no es solo una medida administrativa. Es una declaración política y ética que llega en un momento crucial.
Desde esta redacción creemos que la decisión fortalece un principio básico de la democracia: quienes gobiernan no deben beneficiarse, directa ni indirectamente, de los recursos que administran.
El conflicto de interés como problema estructural
Durante años, el conflicto de interés ha sido una de las grietas más visibles en la confianza ciudadana. No siempre ha sido ilegal, pero casi siempre ha sido inmoral.
Cuando un funcionario tiene intereses privados vinculados al Estado, la línea entre lo público y lo personal se vuelve peligrosamente borrosa.
La norma y su aplicación inmediata
El anuncio presidencial deja claro que la medida es obligatoria desde hoy y alcanza a todas las instituciones bajo el marco normativo vigente.
Este punto es clave. Las leyes que no se aplican con firmeza terminan debilitando el propio Estado de derecho.
Transparencia que debe ir más allá del papel
La prohibición es un paso correcto, pero no suficiente por sí sola. Su eficacia dependerá de los mecanismos de control, fiscalización y sanción que se implementen.
La transparencia no se decreta. Se construye con voluntad política, controles independientes y rendición de cuentas permanente.
Una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana
En un contexto de desconfianza generalizada hacia la política, esta decisión abre una oportunidad.
Si se aplica sin privilegios ni excepciones, puede marcar un antes y un después en la relación entre el poder y la ciudadanía.
Sugerencia desde el periodismo responsable
Desde este diario sugerimos que la medida sea acompañada de auditorías públicas y declaraciones patrimoniales accesibles.
La ética pública no debe depender de la buena fe, sino de reglas claras y verificables.
El mensaje que el Estado envía
La señal es clara: servir al Estado no puede ser un camino para el beneficio privado.
Cuando la política se ejerce con límites éticos firmes, la democracia se fortalece.