Por: Eduardo Perez
Mi análisis sobre los ocho arrestos por presunta corrupción en Senasa y el esquema que, según el Ministerio Público, operaba dentro de la institución.
Mi visión sobre lo ocurrido
El Ministerio Público informó los nombres de ocho personas arrestadas por su presunta participación en un caso de corrupción administrativa en Senasa.
Como observador de este proceso, considero que este hecho es un llamado de atención sobre la debilidad de los controles internos en instituciones que manejan fondos críticos del Estado.
Los imputados y su relación con Senasa
Entre los implicados aparecen funcionarios públicos y personas contratadas por la aseguradora estatal, lo que sugiere, según el Ministerio Público, un posible esquema coordinado desde dentro y fuera de la institución.
A este grupo se le atribuyen, de manera preliminar, cargos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, sobornos, estafa, desfalco, falsificación de documentos y lavado de activos.
El caso de Santiago Hazim
Uno de los nombres más destacados es el de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, quien dirigió Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025.
Su salida se produjo luego de reportajes periodísticos que revelaban irregularidades en contrataciones, lo que levantó cuestionamientos sobre la gestión de la institución.
El Ministerio Público sostiene que ha identificado “un esquema de corrupción sistemático” que habría sido instalado desde la Dirección Ejecutiva, con la colaboración de otros funcionarios y prestadores de servicios de salud.
Mi interpretación del esquema revelado
Desde mi perspectiva, este caso refleja cómo la corrupción puede estructurarse de manera técnica, discreta y prolongada dentro de una entidad estatal.
Cuando se afecta una institución que administra recursos destinados a la salud, el impacto es directo sobre millones de ciudadanos.
Considero que lo expuesto por el Ministerio Público no debe verse solo como una lista de cargos. Se trata, más bien, de una advertencia sobre la necesidad de reforzar la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instituciones públicas.
Lo que espero del proceso judicial
En mi opinión, este caso debe manejarse con absoluta seriedad.
Si las acusaciones son verificadas en los tribunales, deben existir consecuencias proporcionales para cada responsable.
Y si alguno de los implicados resulta no culpable, esa información también debe comunicarse con claridad para evitar daños innecesarios.
Lo fundamental es que este proceso contribuya a fortalecer la institucionalidad y evite que escenarios similares vuelvan a repetirse.