Por: Ysidro Vargas
Una comparación entre la capitalización de empresas públicas impulsada por Leonel Fernández y el actual modelo de fideicomiso. ¿Cuál es más beneficioso para el Estado Dominicano?
Capitalización vs. Fideicomiso: ¿Cuál ha beneficiado más al Estado Dominicano?
Dos figuras jurídicas se han implementado en diferentes gobiernos para abordar el mismo problema: las ineficiencias y pérdidas económicas de las empresas estatales en República Dominicana.
A lo largo de las últimas décadas, tanto la capitalización como el fideicomiso han sido utilizadas como herramientas para transformar el aparato productivo del Estado. Sin embargo, el fondo y la forma de estas estrategias distan mucho entre sí.La capitalización en la era de Leonel Fernández: de carga estatal a empresa reformada
Con la llegada al poder del Dr. Leonel Fernández en 1996, el país enfrentaba una pesada carga financiera: numerosas empresas estatales improductivas, muchas de ellas atravesadas por esquemas de corrupción estructural.
Instituciones como CORDE, CDE, y CEA eran ejemplos notorios de entidades que absorbían recursos públicos sin generar beneficios tangibles.
Para enfrentar esta situación, el entonces joven mandatario impulsó la Ley No. 141-97 sobre Reforma de las Empresas Públicas. Esta legislación estableció, en su artículo 3, qué instituciones del gobierno serían reformadas y capitalizadas.
¿Qué implicaba la capitalización?
El proceso consistió en una alianza público-privada donde:
- El Estado facilitaba las instalaciones.
- El sector privado invertía capital fresco.
- La administración se delegaba en un consejo conjunto.
- Las ganancias se distribuían equitativamente, 50% para cada parte.
Este modelo no implicó la venta del patrimonio nacional, como han sostenido, sin evidencias, algunos sectores de la oposición durante más de tres décadas.
Nace el FONPER
Como resultado de esta reforma, se creó el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) mediante la Ley No. 124-01. Esta entidad, con personalidad jurídica, fue responsable de administrar los beneficios generados por las empresas capitalizadas.
¿Una falla comunicacional o una estrategia malinterpretada?
La falta de una comunicación política clara y contundente por parte del gobierno de Fernández dejó espacio para especulaciones y rumores.
Nunca se presentó, por ejemplo, ni un solo contrato que demostrara la venta de una empresa estatal durante el periodo 1996-2000.
La frase del profesor Juan Bosch parece haber cobrado vigencia:
«Una mentira repetida muchas veces, se puede confundir con la verdad.»
El fideicomiso en la actualidad: ¿eficiencia o privatización encubierta?
Con la nueva administración, se ha dado paso a otra figura jurídica: el fideicomiso público, respaldado por la Ley No. 28-23.
A diferencia de la capitalización, el fideicomiso permite que el gobierno entregue la gestión de fondos públicos o activos estatales a terceros —personas físicas o empresas privadas— sin que estos aporten inversión inicial, pero sí con capacidad para ejecutar proyectos y obtener beneficios.
Un ejemplo preocupante
Tomemos el caso de la Ley No. 63-17 sobre tránsito terrestre. Una empresa privada encargada de cobrar multas retiene RD$4,000 por cada RD$5,000 cobrados. El Estado solo recibe RD$1,000.
Esto significa que, mientras el privado gana, el Estado pierde capacidad financiera, generando inquietud sobre la transparencia y conveniencia de estos acuerdos.
¿Negocio del siglo o del «paca perros»?
Algunos analistas han comparado este modelo con el conocido negocio del paca perros:
Un hombre cobraba RD$5 por castrar un perro, pero pagaba RD$10 a alguien para que lo sujetara.
Este símil sugiere que el gobierno estaría incurriendo en una pérdida económica innecesaria, transfiriendo funciones esenciales del Estado sin retorno real ni control adecuado.
Conclusión: ¿Qué modelo es más beneficioso para el Estado?
- La capitalización, impulsada entre 1996 y 2000, buscó rescatar empresas públicas en quiebra mediante inversión privada, con ganancias compartidas y sin vender activos nacionales.
- El fideicomiso público, en cambio, entrega bienes estatales a terceros para su gestión, sin requerir inversión previa y permitiendo altos beneficios privados.
Ambas figuras responden a contextos políticos distintos, pero sus efectos a largo plazo aún están en debate. Lo cierto es que la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación clara con la ciudadanía son esenciales para que cualquier modelo sea exitoso.