Por: El vocero
El respaldo de legisladores y profesionales al llamado del Listín Diario evidencia la urgencia de ampliar la carretera del Sur en República Dominicana.
El reciente respaldo de legisladores y profesionales del Sur al planteamiento del periódico Listín Diario no hace más que confirmar una realidad evidente: la ampliación de la carretera del Sur ya no es una opción, sino una necesidad impostergable.
Durante años, esta vía ha sido el principal enlace entre al menos diez provincias de una de las regiones con mayor potencial productivo del país. Sin embargo, su estado actual refleja abandono, limitaciones estructurales y riesgos constantes para quienes la transitan. La falta de una infraestructura moderna no solo afecta la movilidad, sino que también frena el desarrollo económico y social del Sur.
Que figuras como el senador Julito Fulcar y el diputado Luis Báez se hayan sumado a este reclamo evidencia que el problema ha trascendido el ámbito técnico para convertirse en una prioridad política. A este respaldo se agregan profesionales de provincias como Baní y Neiba, así como representantes de Bahoruco, quienes conocen de primera mano las limitaciones de esta arteria vial.
Pero más allá de los pronunciamientos, lo que realmente preocupa es la lentitud con la que históricamente se ha abordado este tema. La región Sur ha sido, en múltiples ocasiones, objeto de promesas que no se traducen en acciones concretas. Mientras tanto, los ciudadanos continúan enfrentando largos tiempos de desplazamiento, condiciones inseguras y una evidente desventaja frente a otras zonas del país mejor conectadas.
La ampliación de la carretera del Sur no debe verse únicamente como una obra de infraestructura. Se trata de una inversión estratégica que impactaría el comercio, el turismo, la agroindustria y, en definitiva, la calidad de vida de miles de dominicanos. Cada día de retraso representa una oportunidad perdida para el desarrollo regional.
El llamado está hecho. La coincidencia entre sectores políticos, profesionales y medios de comunicación debería ser suficiente para impulsar una respuesta decidida del Estado. Lo contrario sería prolongar una deuda histórica que el país ya no puede permitirse seguir ignorando.