Querer ser juzgado en Haití no puede convertirse en una garantía de impunidad para uno de los hombres más señalados por la violencia que vive ese país.
No afirmo que esa sea su intención demostrada. Pero es una preocupación legítima cuando se trata de un hombre que ha encabezado estructuras armadas con capacidad de intimidación.
Y aquí recuerdo el caso de Pablo Escobar en Colombia.
Escobar negoció su entrega y terminó recluido en La Catedral, una prisión construida a su medida. Desde allí mantuvo privilegios, recibió visitas y conservó capacidad de influencia sobre su organización. Finalmente, escapó el 22 de julio de 1992.
Las víctimas de La Saline merecen justicia. Haití merece recuperar sus instituciones y sus calles. Y ningún jefe de una organización armada debe tener el privilegio de escoger las condiciones que le permitan seguir ejerciendo poder desde una prisión.
Porque una cosa es pedir justicia y otra muy diferente es pretender diseñarla a la medida de sus propios intereses.




