Por: Eduardo Perez Aguero
El caso de abuso infantil en Barahona expone una crisis silenciosa en República Dominicana. Urge prevención, justicia y protección real.
Barahona no puede seguir ignorando el abuso infantil
El reciente caso de abuso infantil en Barahona, que mantiene en prisión preventiva a un empleado municipal mientras avanzan las investigaciones, debe encender todas las alarmas. No se trata solo de un expediente judicial: es un reflejo de una herida social que sigue abierta en República Dominicana.
La medida fue dictada por la Oficina de Servicios Judiciales de Atención Permanente del Distrito Judicial de Barahona, mientras el proceso continúa bajo la coordinación del Ministerio Público. Pero más allá del tribunal, la pregunta es inevitable: ¿cuántos casos más permanecen en silencio?
Una realidad respaldada por cifras
Datos de la Procuraduría General de la República reflejan que cada año se registran cientos de denuncias por delitos sexuales contra menores en el país. Organismos internacionales como UNICEF advierten que la violencia sexual infantil sigue siendo uno de los crímenes menos denunciados en la región.
Las estadísticas muestran que una parte significativa de las agresiones ocurre en entornos cercanos a la víctima, lo que dificulta la denuncia y prolonga el sufrimiento.
El silencio también es complicidad
El abuso infantil en Barahona no debe convertirse en una noticia pasajera. Cada caso representa una infancia marcada, una familia rota y una comunidad que falló en detectar señales de alerta.
La justicia es necesaria, pero no suficiente. Se requiere:
- Educación preventiva en escuelas
- Protocolos claros en instituciones públicas
- Canales seguros para denunciar
- Acompañamiento psicológico oportuno
Una responsabilidad colectiva
La niñez no puede defenderse sola. Cuando un menor es víctima, la sociedad entera fracasa. Barahona —y el país— necesita pasar de la indignación momentánea a políticas sostenidas de protección.
El abuso infantil en Barahona debe ser un punto de inflexión. Porque proteger a los niños no es una opción: es una obligación moral y legal.